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Venezuela: ahora el Estado es minero

Además de la estatalización de la Industria Petrolera, allá por 1973, y, con ella, la instauración de uno de los sistemas burocráticos más profundos de la América Latina, ahora el Gobierno ha decidido aprobar un texto que permitirá al Estado nacional, hacerse con el control de la industria minera. En pocas y escalofriantes palabras, y según ellos mismos, hacerse con el control del Uranio. El texto permitirá al Estado asumir el control total de todas las empresas y territorios mineros inactivos. Esto es, el 86% de la industria minera nacional, para empezar. Y aunque lo que se regala no se quita, más del 50% de los derechos mineros vigentes son previas concesiones del Estado: es un círculo vicioso del que son miembros los corruptos, los incompetentes y los contribuyentes.

El texto del proyecto legislativo permitirá al Estado asumir el control de las concesiones y contratos mineros inactivos, otorgados a transnacionales o a empresas nacionales.

En la actualidad existen en el país 760 derechos mineros vigentes, de los cuales 413 representan concesiones, 327 son contratos mineros y 20 son contratos otorgados por el entonces Ministerio de Energía y Minas (MEM), alcanzando una superficie de 1.363.005 hectáreas; de ese total aproximadamente 86% está inactivo, según advierte ese despacho.

Al consignar la modificación a la vigente ley (1999), Alvarez indicó que ese instrumento tiene como objetivos básicos rescatar la "plena soberanía" sobre esas tierras, "erradicar el latifundio minero" y, "consolidar a la pequeña minería", en el marco del relanzamiento de la Misión Piar.

Estos contratos y concesiones se convertirán, mediante un régimen de transición, en compañías mixtas con mayoría estatal o al menos con 50% del paquete accionario, a objeto de transformarlos en cooperativas o Empresas de Producción Social (EPS), sostuvo el ministro y presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

Mientras que el viceministro de Minas agregó que "existe una propuesta a través de la cual el Estado se reserva, por vía accionaria, la conducción del negocio (minero). Eso es válido. En todo país que quiera ejercer el control sobre sus materias primas se hace de esta manera".

El ministro Víctor Alvarez declinó emitir opinión sobre casos específicos de empresas operadoras o concesionarias de minas en el país. Y al preguntarle si aquellas compañías que se mantengan inactivas porque estén a la espera de algunos permisos, aseveró que "las áreas que estén inactivas van a ser recuperadas y rescatadas por el Estado venezolano, porque muchas veces la permisería no es más que una excusa y un pretexto para justificar la inactividad".

Explicó que las áreas rescatadas serán reasignadas bajo distintas modalidades. Un primer grupo de minas van a permanecer en control del Estado "por razones estratégicas (por ejemplo, el uranio)
; a un segundo bloque irá la pequeña minería organizada en cooperativas y EPS; y en un tercer agrupamiento se encuentran aquellos campos en los cuales el Estado permitiría la inclusión de capitales privados para hacer un uso racional y no depredador de estas áreas".

Precisó que estas leyes "tienen que ser socialmente compatibles con la realidad, y consustanciadas con los objetivos del proceso revolucionario".

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