Libertad Cercenada

El infame Tribunal de Defensa de la Competencia parece que no sabe lo que es la competencia ni lo que es la libertad de contrato. No nos equivoquemos, la del TDC no es ninguna decisión ejemplar, es un acto de coacción contra unas empresas que no han impuesto nada a nadie. ¿Desde cuándo es injusto emplear tu habilidad negociadora para conseguir que los términos del acuerdo te favorezcan todo lo posible?¿Estoy obligado a vender mi fuerza de trabajo a un salario más bajo del que están dispuestos a pagarme para que el acuerdo sea justo?¿Si vendo algo al precio más alto que están voluntariamente dispuestos a pagarme estoy transgrediendo la libertad de alguien?

Se habla de que las distribuidoras norteamericanas “restringen la libertad de los exhibidores” al seleccionar ellas “la sala más adecuada para proyectar cada una de las películas contratadas”, se habla de que “imponen el periodo en el que deben ser exhibidas” y de que “obligan a los exhibidores a adquirir las películas por paquetes". ¿Pero desde cuándo poner tus condiciones en un contrato significa “restringir la libertad”, “imponer” y “obligar”?¿Acaso no pueden retirarse del acuerdo los exhibidores descontentos? ¿En qué momento han dejado las compañías distribuidoras de competir si su supervivencia depende de que los espectadores vayamos a ver sus películas? El TDC no defiende la competencia sino la incompetencia, al otorgar privilegios legales a un grupo de empresas en lugar de permitir que interactúen con las demás en el mercado, sobre la base de relaciones voluntarias.

Un fichero informático común, con clave de acceso, y en el que se introducían todos los datos de estrenos, precios y espectadores, facilitó el monopolio organizado por las cinco multinacionales distribuidoras de cine multadas el miércoles por el Tribunal de Defensa de la Competencia.

Dicha resolución, hecha pública ayer y adoptada por unanimidad, destaca que los datos allí incluidos por UIP, Warner, Sony, Disney y Fox impedían «una competencia real» entre ellas, y demuestra que actuaban como un cártel, repartiéndose «un 70%» del pastel del cine en España.

Las cinco grandes fijaban a través de esta base, auspiciada por Fedicine (la federación de distribuidores, también multada con 900.000 euros), precios, horarios e incluso las salas en que debían emitirse sus películas, y asfixiaban a los exhibidores ofreciendo una oferta unitaria camuflada de competencia. Una oferta que las salas, igual que en El padrino, no podían rechazar. La resolución constata que las majors se ponían de acuerdo para que sus estrenos estrella no coincidieran, y fijaban precios casi inamovibles.

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