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El Gobierno destina 180 millones a las comunidades y ayuntamientos para acogida e integración de inmigrantes

En lugar de suprimir el salario mínimo y las regulaciones laborales que condenan a los inmigrantes al paro el Gobierno prefiere darles limosnas con cargo al contribuyente y reforzar los vínculos de dependencia. El Estado ni debe incentivar la inmigración con sus dádivas ni debe castigarla con regulaciones que impiden a los inmigrantes valerse por sí mismos.

La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, ha presidido hoy la reunión del Consejo Superior de Política de Inmigración, en la que se han examinado y fijado los criterios de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas y ayuntamientos para la gestión del Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes y el refuerzo educativo.

El Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes incluido por primera vez en los Presupuestos Generales del Estado de 2005 con una dotación de 120 millones de euros, tiene para 2006 una dotación de 182,4 millones de euros, lo que supone un incremento de más de 60 millones de euros. Este incremento es aún más significativo si se compara con los 7,5 millones de euros que en el año 2004 se destinaron a la cooperación con comunidades autónomas en materia de integración de inmigrantes.

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