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Más de 75000 sanciones laborales en nueve meses

Al Estado no le gusta la autonomía de la voluntad y, por ello, establece una legislación laboral del todo dañina para los trabajadores (pues reduce sus salarios y posibilidades de ser contratados) y crea un cuerpo de espías y chivatos, llamados inspectores de trabajo (cuyas prebendas son realmente escandalosas).

Más de 75000 empresas han sido sancionadas en nueve meses. El Estado se convierte en un policía represivo que castiga a quien no actúa como él reclama. Por muy de acuerdo que las partes estén de acuerdo en los términos del contrato.

La Inspección de Trabajo realizó entre enero y septiembre 1.018.614 actuaciones, abriendo actas de infracción a 76.233 empresas con un importe sancionado de 173 millones de euros.

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Comentarios

Tal vez donde ésta voluntad de ofensa e intromisión se revela en toda su obscena crudeza es en la cuestión de la seguridad laboral.
Observen si no lo que tipifica nuestro Código Penal:

"Artículo 311.

Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses:

Los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual."

Onbiamente ningún amante de la libertad ampara el fraude y el engaño. Los contratos han de cumplirse en sus términos, y bien es cierto que los sistemas de arbitraje privado son muy supeiores al del funcionario judicial cuya remuneración no depende tanto de su buena disposición, tino y sentido de la justicia como de influencias políticas y atroz corporativismo, pues por norma general y experiencia cierta todos encubren activamente las miserias de sus colegas con sumo ahinco y vehemencia y esto con independencia de la filiaciones políticas de cada cual. Bien distinto es el concepto de "abuso de situción de necesidad" Obviamente, toda persona que no tiene trabajo (y carece de otros ingresos) está en una situación de necesidad, y bien extrema en muchos casos, por cierto. El empleador ofrece unas condiciones que, si son aceptadas por el trabajador, indican bien a las claras que son superiores a su condición previa. No hay ningún abuso, pues el trabajador sigue conservando su libre albedrío y tiene sus propios criterios de dignidad, de decoro o de superviviencia.
En el caso de actividades que compartan riesgos, es claro, que el empleador debe informar al trabajador de las condiciones de seguridad existentes en el trabajo y, claro está, de los riesgos que comportan , para que este se forme idea clara y cabal de ellos. Si aún así, consiente, evidentemente valora más la remuneración que recibe que el peligro que acarrea el trabajo, y por tanto sería dudar de su capacidad de razonar y dirigir su vida entrometerse en cuestiones puramente personales. Marco Polo en sus viajes, habla de asalariados, que con riesgo de sus vidas, se sumergen entre peligrosísimos escualos para coger perlas que después adornarán los cuellos de las damas. En todas las épocas los hombres valoran los pros y los contras de una actividad, y juzgan los resultados de la misma, tanto actuales como históricos y considerar que las situaciones más nocivas han de perpetuarse por ello, en vez de ir. muy al contrario, afinando el juicio humano, es radicalmente insensato.


"Artículo 314.

Los que produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, por ostentar la representación legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español, y no restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos que se hayan derivado, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses."

La cuestión de la discriminación es por cierto tan graciosa como reveladora. En primer lugar todo empresario, "discrimina" pues separa por así decir a aquellos sujetos que más se ajustan a sus preferencias "a priori" y luego la experiencia confirma o no sus expectativas.
Puede parecernos, obviamente, falto de juicio y razón el deshechar a una persona por razón del color de su piel o de sus ideas religiosas y no por su mayor o menor eficacia o preparación. Claro está que sería posible poner en conocimiento de todos a los que realizan estas prácticas, para que cada uno obre como su conciencia le de a entender. Sin embargo, bien distinto es que prive al empresario de las facultades de "gobierno" y organización que le asisten dentro de su propiedad.
A la larga los mejores y los más juciosos ganan, y los empresarios que atienden a cuestiones tan baladíes y perversas en la selección y promoción del ersonal están condenados al fracaso. Y háse de advertir que se tratará en todo caso, de SU fracaso.

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