Libertad Cercenada

No sólo el Estado se otorga el derecho a decidir quien puede vender qué cosas y cómo; también cobra por ello, incluso cuando prohíbe ejercer la licencia de venta por la que acaba de cobrar 186 euros. ¿Que dirían las organizaciones de consumidores si una empresa se comportara así? ¿Y los jueces? Pero para el Estado, todo latrocinio es posible:

El Ministerio de Economía y Hacienda, a través del Comisionado para el Mercado de Tabacos, ha seguido renovando y cobrando licencias para vender tabaco durante los próximos tres años a miles de establecimientos a los que la ley antitabaco les prohíbe venderlo a partir del 1 de enero, aunque tengan el permiso vigente. Sólo durante este año, el Comisionado renovó y concedió 34.814 autorizaciones dentro del denominado «segundo canal».

En esta cifra se incluyen mayoritariamente, según portavoces del Ministerio, establecimientos hosteleros que podrán seguir vendiendo tabaco a través de máquinas distribuidoras pero también, en menor medida -aseguran-, negocios que deberán renunciar a la venta con recargo de las cajetillas a partir del 1 de enero. La ley antitabaco estipula que desde su entrada en vigor la venta de tabaco sólo puede realizarse en estancos y expendedoras automáticas, que tienen un plazo de un año para adaptarse a los nuevos requisitos que marca la nueva legislación, pero nunca se podrá entregar las cajetillas en la mano de los clientes como hacían miles de negocios en España, como quioscos de prensa, videoclubs, gasolineras, superficies comerciales y tiendas de alimentación, entre otros.