El Consejo de Ministros aprueba un sistema nacional de atención a las personas dependientes
En lugar de, por ejemplo, eximir de todos los impuestos a las personas dependientes o implementar rebajas generales de impuestos y suprimir las farragosas regulaciones laborales que coartan las oportunidades de la población en su conjunto, en especial de los individuos con una productividad marginal menor, el Estado ha preferido reforzar la dependencia al poder político de aquellos que considera que no pueden valerse por sí mismos (en muchos casos porque la perniciosa intervención pública, que recorta las oportunidades disponibles, simplemente no se lo permite). El insaciable Estado del Bienestar no se conforma con usurparnos para costear un ruinoso y penoso sistema de pensiones, de sanidad y de enseñanza universal, quiere también privar a la ciudadanía de la iniciativa solidaria para con las personas con dependencia erigiéndose como samaritano supremo. Luego los apologistas del asistencialismo público imputarán al sector privado falta de solidaridad. ¿Pero si se supone que el Estado ya se encarga de los desvalidos por qué tendrían que hacerlos los particulares? Ser pródigo con el dinero ajeno no sólo no tiene nada de solidario, sino que menoscaba la auténtica solidaridad, la que parte de la libertad de elección y la moral personal, al inducir a los individuos a pensar que ya no es necesario que ayuden al prójimo, pues de eso ya se encarga papá-Estado.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha anunciado que el futuro sistema nacional de atención a las personas dependientes, al que el Consejo de Ministros ha dado luz verde, asistirá en 2007 a 200.000 ciudadanos en situación de dependencia grave, y en los dos años siguientes a 373.000 dependientes severos.
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